Atención a la diversidad. Parte I

            En relación con lo tratado en clase sobre la atención a la diversidad y el currículum, voy a dedicar mi entrada en el blog a ello. En primer lugar, voy a hacer mención al decreto de atención a la diversidad (Decreto 229/2011), que podéis encontrar en el siguiente enlace:  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111221/AnuncioC3F1-151211-9847_es.html. Después trataré de reflexionar sobre ello y aportar mis conclusiones personales sobre el tema.

            A continuación dejo plasmado las disposiciones generales de dicho decreto, en las cuales se resume el contenido del mismo:

            “DECRETO 229/2011, de 7 de diciembre, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado de los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia en los que se imparten las enseñanzas establecidas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

            El Estatuto de autonomía de Galicia, en el artículo 31, determina que es competencia plena de la Comunidad Autónoma de Galicia la regulación y la administración de la enseñanza en toda su extensión, en sus niveles y grados, en sus modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y en las leyes orgánicas que, conforme al apartado primero del artículo 81, la desarrollen.

            La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en el capítulo I del título preliminar establece los principios y fines del sistema educativo, destacando entre los principios que lo inspiran la calidad de la educación para todo el alumnado; la equidad, la inclusión educativa y la no discriminación; la concepción de la educación a lo largo de toda la vida; la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado; la orientación educativa y profesional del estudiantado; el esfuerzo compartido por alumnado, madres, padres o tutores y tutoras legales, profesorado, centros, administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad, y la autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares. Mediante esos principios se trata de conseguir el éxito escolar de todo el alumnado.

            En el propio título II de la referida ley, dedicado a la equidad en la educación, se establece que las administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, asegurando los recursos necesarios para que el alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria pueda conseguir el máximo desarrollo posible de sus capacidades, así como los objetivos establecidos con carácter general para todas las alumnas y alumnos. Igualmente, se dispone que las administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos para identificar de forma temprana las necesidades educativas específicas del alumnado, debiendo iniciarse la atención integral desde el momento de la identificación y teniendo como principios la normalización y la inclusión, y que, para hacer efectivo el principio de igualdad en el derecho a la educación, desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables, tratando de evitar las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.

            La diversidad, pues, es una realidad social, y, por lo tanto, una realidad en cada centro educativo; realidad derivada de la singularidad biológica, psicológica, social y cultural de cada alumna y cada alumno, de la singularidad de cada familia y de cada una de las profesoras y de los profesores, también de las particularidades de cada centro y de cada comunidad educativa en su conjunto. Y la respuesta educativa a esa diversidad debe concretarse en cada uno de los proyectos educativos, en cada una de las enseñanzas, en la coordinación docente, en la personalización de la educación de cada una de las alumnas y alumnos, en los recursos y medidas educativas, en los compromisos familiares y sociales y en todo lo que contribuya al máximo desarrollo personal y social del alumnado y a su preparación para convivir y participar, de forma autónoma, en una sociedad democrática.

            Se concibe la atención educativa a la diversidad como el conjunto de medidas y acciones diseñadas con la finalidad de adecuar la respuesta educativa a las diferentes características, potencialidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses y situaciones sociales y culturales de todo el alumnado. Estas medidas y acciones implican a toda la comunidad educativa y deben concretarse en propuestas curriculares y organizativas que contemplen la pluralidad de todas y cada una de las alumnas y alumnos.

            El objetivo educativo de conseguir que todas las personas consigan el máximo desarrollo personal y social posible requiere que se les facilite una educación adaptada a sus singularidades, que se les garantice una igualdad efectiva de oportunidades y que se les ofrezcan los recursos necesarios, tanto al alumnado que lo precise como a los centros en los que se escolariza. Y siendo esto necesario para la totalidad del alumnado, más en los casos de aquél que presenta necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo o unas condiciones personales o de historia escolar muy desfavorables. La atención de este alumnado, considerado con necesidad específica de apoyo educativo en la Ley orgánica 2/2006, de educación, deberá ajustarse, entre otros, a los principios de normalización de servicios, de flexibilidad en la respuesta educativa, de prevención y de atención personalizada.

            En consecuencia, ninguna circunstancia personal o social puede ser motivo de discriminación alguna a la hora de organizar la atención educativa del alumnado, por lo que los centros educativos deberán ofrecer una respuesta que compense las diferencias individuales de todas las alumnas y alumnos, en el marco de los principios de normalización e inclusión y desde la consideración de la diversidad como un elemento enriquecedor para el conjunto de la sociedad. Ya se recoge en el preámbulo de la citada Ley orgánica 2/2006, que la educación «es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática y un instrumento de mejora de la condición humana y de la vida colectiva».

            En las conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 12 de mayo de 2009 se conviene, entre otras cosas, que la cooperación europea en el ámbito de la educación y de la formación hasta 2020 deberá situarse en un marco que contemple los siguientes cuatro objetivos estratégicos:

a) Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad de los educandos.

b) Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y de la formación.

c) Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa.

d) Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, en todos los niveles de la educación y de la formación.

            Este decreto establece una relación de complementariedad con lo que, sobre la atención a la diversidad, regulan los decretos de la Comunidad Autónoma de Galicia que establecen la ordenación general de las enseñanzas no universitarias, así como con lo establecido, entre otras normas, en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos; en la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor; en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal; en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; en la Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres; en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores; en la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género; en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo-ciegas; en la Ley 5/2010, de 23 de junio, por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada; en el Real decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; en el Real decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria; en el Decreto 120/1998, de 28 de abril, por el que se regula la orientación educativa y profesional en la Comunidad Autónoma de Galicia; en el Decreto 30/2007, de 15 de marzo, por el que se regula la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación; y en la Convención de 13 de diciembre de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad.

            El decreto se estructura en nueve capítulos.

            En el primero, de disposiciones generales, se establecen el objeto del decreto, el ámbito de aplicación, el concepto de atención a la diversidad y los principios generales que deben presidir esa atención.

            En el segundo, de actuaciones y medidas de atención a la diversidad, se establece el marco de las actuaciones generales, tanto de la Administración educativa como de los centros docentes, así como el marco de las medidas de atención a la diversidad, diferenciando entre las comunes y las extraordinarias, terminando el capítulo con el tratamiento del Plan General de Atención a la Diversidad, en cuanto documento destinado a la articulación en cada centro docente de la atención a la diversidad.

            El tercer capítulo, referido a la escolarización, establece los principios y las posibles modalidades de escolarización, priorizando siempre la escolarización ordinaria frente a la que se realice en unidades o centros de educación especial.

            El cuarto capítulo desarrolla todo lo que hace referencia a la promoción de la escolarización y de la formación de las personas, tanto en lo que se refiere al control de su escolarización como a las circunstancias que requieren un tratamiento singularizado de esa escolarización, con la finalidad de que la formación permanente esté presente a lo largo de la vida de cada persona.

            El capítulo quinto, dedicado íntegramente al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, aborda la conceptualización de este alumnado y los procedimientos para su identificación, evaluación e informes.

            El sexto capítulo está destinado a los recursos, tanto humanos como materiales y/o de equipamiento, con una clara referencia a la autonomía que los centros docentes tienen en su distribución y/o aprovechamiento.

            El séptimo capítulo trata de la participación y de la coordinación, entendidas como factores imprescindibles en los procesos de ajuste y mejora de la labor educativa. Esa participación y coordinación se contemplan tanto en el seno de cada comunidad educativa como en lo que tiene que ver con otros servicios e instituciones.

            El octavo capítulo está destinado a la promoción de la formación, de la innovación y de la mejora de la calidad educativa, por ser este último un objetivo permanente del sistema educativo.

            En el noveno capítulo se abordan los procesos de seguimiento y evaluación en cuanto mecanismos necesarios para garantizar un tratamiento adecuado de la diversidad y para orientar los procesos de reajuste o mejora constante.

            Termina el decreto con las disposiciones adicionales, derogatoria y finales”.

            Después de leer este Decreto, y analizar las disposiciones generales del mismo, considero que he llegado a unas determinadas conclusiones:

  • Ya en la LOE, se tiene en cuenta la equidad, la inclusión educativa y la no discriminación, así como la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado. En esta ley orgánica se observa una preocupación y unos intereses por la atención a la diversidad. Además, se expone que se ofrecerán los recursos necesarios y se evitará todo tipo de discriminación, para lograr esa inclusión y esa adaptación, así como para conseguir el máximo desarrollo a todos los niveles de todo el alumnado.
  • La diversidad es una realidad social y una realidad en cada centro educativo, provocada por la realidad biológica, psicológica, social y cultural de cada alumna y cada alumno, por la singularidad de cada familia y de las profesoras y profesores, además de las particularidades de cada centro y de cada comunidad educativa en su conjunto. Por ello, la respuesta educativa a esta amplia diversidad debe concretarse tanto en los proyectos educativos, como en las enseñanzas, en la coordinación docente y en la personalización e individualización de la educación de cada alumno/a, en los recursos y medidas educativas, en los compromisos familiares y sociales, etc., es decir, en todo lo que contribuya al máximo desarrollo personal y social del alumnado y a su preparación para convivir y participar, de forma autónoma, en una sociedad democrática. Debe establecerse una red, una colaboración, entre todos los agentes de la comunidad educativa, así como unos lazos de compromiso entre ambos, que conlleven a la consecución del objetivo fundamental: atender a la diversidad.
  • Para atender a la diversidad es fundamental tomar un serie de medidas que permitan adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las diferentes características, ritmos de aprendizaje y motivaciones de todo el alumnado. Estas medidas y acciones implican a toda la comunidad educativa y deben concretarse en propuestas curriculares y organizativas que contemplen la pluralidad y diversidad de todas y cada una de las alumnas y alumnos.
  • Es necesaria una educación adaptada a las singularidades del alumnado. Todos los alumnos y alumnas deben tener garantizada una igualdad de oportunidades, independientemente de sus necesidades y dificultades. Todos deben tener ese derecho, sin importar sus circunstancias personales.
  • Ninguna circunstancia personal o social puede ser motivo de discriminación. Los centros educativos deben luchar en contra de las posibles discriminaciones que puedan acontecer, ofreciendo siempre respuestas que compensen las diferencias individuales del alumnado. Todos los niños y niñas deben ser iguales en la escuela, sin importar su procedencia, raza, dificultades, etc.

 

            Por lo tanto, me alegra pensar que la ley se esfuerza en contemplar la atención a la diversidad como algo fundamental, aunque en la vida real no siempre se lleven a cabo estas actuaciones. Vivimos en una sociedad bastante discriminante, y si la escuela no lucha en contra de ella, ¿quién lo va a hacer?

            En este aspecto, en la atención a la diversidad en el aula y las adaptaciones del currículo, me voy a centrar en la siguiente entrada.

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