El profesorado en conflicto: Aportaciones y reflexión personal sobre el conflicto (Parte IV)

En mi opinión todas las reformas educativas deberían hacerse por consenso, al menos, de la comunidad educativa y la propia sociedad como agentes implicados en las mismas. A este respecto no parece que las formas empleadas por el Govern sean las adecuadas y suponen en cierta manera un contrasentido democrático. Aunque un gobierno esté legitimado a gobernar, en una democracia representativa los ciudadanos ceden su poder en partidos con la intención de que estos proyecten la manera en la que desean ser gobernados, por lo que se podría argumentar que ir en contra de la mayoría deslegitimaría a cualquier gobernante independientemente de los argumentos formales que una democracia representativa le pueda dar.

Adicionalmente, la implantación de un nuevo modelo educativo debería supeditarse a su aceptación social y dicha implantación debería ser gradual. En este sentido lo adecuado sería comenzar por un análisis conjunto con la comunidad educativa de cara a evaluar la idoneidad del nuevo modelo y, en caso de ser aceptado, debería plantearse una etapa experimental en algunos centros que permitiese evaluar los resultados (para lo cual podrían tomarse centros en los que ya se ofrezca un proyecto lingüístico similar de existir). En paralelo sería conveniente preparar proyectos formativos adecuados para que todos los docentes no sólo conociesen al menos una lengua extranjera sino que adquiriesen las competencias necesarias para impartir docencia en la misma lo cual resulta más complejo. En lo que respecta al alumnado, se debería haber realizado una evaluación de su situación respecto a las lenguas extranjeras con la finalidad de dilucidar la idoneidad en cada etapa de impartir docencia en las mismas. Tanto en el caso del alumnado como de los docentes, podrían habilitarse fórmulas como cursos de verano que sirviesen al mismo tiempo como actividades formativas y como experiencias de tránsito hacia el nuevo modelo lingüístico. En todo caso, como ya hemos mencionado cualquier nuevo modelo lingüístico debe subordinarse a que este sea aceptado por la comunidad educativa y, en este caso, por los correspondientes Consejos Escolares. Lo contrario no tendría sentido ya que supondría imponer por la fuerza un proyecto lingüístico no deseado y que, por ello, estaría abocado al rechazo.

Respecto de la problemática del fracaso escolar, no parece que cambiar el modelo lingüístico vaya a tener un impacto apreciable sobre el mismo. La razón es que, más allá de las cuestiones lingüísticas, el elevado fracaso escolar debe responder a factores transversales al propio sistema educativo y no meramente lingüísticos, argumento este que parece más un instrumento político para vender el rechazo al TIL como una manipulación política de la oposición. Sí parece razonable pensar que, una mayor inserción de lenguas extranjeras en el sistema educativo, puede redundar en mayores oportunidades laborales en un mundo globalizado y en una región que vive en gran medida del turismo. Incluso considerando esto, debería ser la propia ciudadanía la que viese dicho cambio como algo deseable dado que, por la formas que ha empleado el Govern, ahora es muy probable que cualquier propuesta en este sentido, aun siendo sensata, genere rechazo en el futuro.

Otro aspecto que debería considerarse respecto de la problemática que estamos tratando es el rol de los docentes en la sociedad. Aunque tradicionalmente se considera que los docentes no tienen prestigio social, en el caso que nos ocupa existe una importante masa social que no sólo entienden la problemática a la que se enfrentan sino que confían en su criterio y les apoyan. Del lado contrario, el Govern parece no otorgar la menor credibilidad a los docentes negándose tan siquiera a apoyarse en su consejo para definir su política educativa. Ello retrata a un gobierno más preocupado en gobernar desde la ideología que desde el diálogo y el consenso valorando en menor medida a los profesionales del sector que la propia sociedad.

Por todo lo anterior, podemos concluir la reflexión con el siguiente decálogo de buenas prácticas en lo que a política educativa se refiere:

  • Consensuar las reformas educativas tanto con la comunidad educativa como con la sociedad y los grupos políticos. Para resultar creíble la fase de diálogo debe establecerse de forma previa, implicar a todos los agentes educativos y realizarse sin establecer condicionantes previos. Sólo las reformas en las que se hacen partícipes a todos pueden ser ampliamente apoyadas por todos.
  • Buscar el asesoramiento de los profesionales de la educación tanto docentes como pedagogos y comunidad educativa en general. No sólo han recibido formación específica sino que son ellos los que están en contacto con la realidad educativa de los centros.
  • Reflexionar las reformas antes de aplicarlas. No está de más masticar durante un tiempo las ideas, realizar tareas de evaluación y asegurarse de que el camino marcado es el correcto y que los tiempos fijados son coherentes.
  • Acompañar los nuevos modelos educativos o lingüísticos de medios materiales y personales adecuados. De lo contrario lo único que se conseguirá será frustración en los docentes.
  • Usar el sentido común en todos los pasos para ver realidades obvias como que, si existe una mayoría social que se opone a tus políticas, puede que no debes llevarlas a cabo.