Reflexión sobre los cambios de la LOMCE que afectan a los docentes

Actualmente nos encontramos en pleno proceso de aprobación de la  Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (en lo sucesivo LOMCE) que modificará la actual Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en lo sucesivo LOE). Recientemente apoyada en el parlamento de los diputados (10 de octubre de 2013), actualmente está siendo debatida en el senado de cara a su aprobación y aplicación durante el próximo curso académico 2014-2015.

Aunque el texto de la LOMCE deja intacto el título III de la LOE específico del profesorado, incluye innumerables modificaciones que afectarán a la estructura del sistema educativo, sus principios y, por supuesto, la labor de los docentes.

En la presente entrada me centraré en las novedades de la LOMCE que más directamente afectan a la labor docente.

En primer lugar, algunas de las modificaciones sugieren que existirá un mayor nivel de seguimiento y auditoría del trabajo de los profesionales de la educación al igual que un menor grado de autonomía. Ello es debido a que los docentes tendrán pautas más concretas sobre como desempeñar su labor (artículos 6 y 6.bis que pretenden acentuar la armonización de criterios y metodologías docentes), existirán evaluaciones externas para verificar las competencias adquiridas por el alumnado de las cuales se podrán derivar actuaciones de mejora (artículos  21, 29 y 36) y los resultados de dichas pruebas serán públicos lo cual añade un elemento adicional de presión sobre su labor (artículos 140 y 147). Un aspecto positivo de la realización de pruebas externas podría ser tanto la compensación de desigualdades como la realimentación de la función docente con una visión externa que enriquezca la perspectiva del docente. En todo caso el buen o mal uso público de dichas evaluaciones externas dependerá de cómo se publiquen dichos resultados, las ponderaciones que se efectúen y los parámetros que se incluyan en dichas publicaciones. A este respecto, la nueva ley educativa parece enfocar la publicación de indicadores de desempeño de los centros educativos al derecho de los tutores a elegir centro (de hecho se modifica el título preliminar para darle más peso a este aspecto) y al mismo tiempo a una voluntad por implantar un sentimiento de competitividad entre centros que impulse una carrera por ser “los mejores”. En esta línea de competitividad se introduce (bajo ciertas circunstancias) el rendimiento académico como factor para priorizar la entrada de alumnado en los centros educativos en caso de no existir plazas suficientes (artículo 84).

De forma complementaria a la publicación de clasificaciones ponderadas de centros educativos en base a sus resultados, los docentes tendrán la presión adicional de estar más directamente subordinados a la figura del Director (artículo 122, 122.bis y 132) que ve como aumenta su poder y autonomía en los centros educativos en detrimento, principalmente, del Consejo Escolar que pasa de ser un órgano de gobierno a un órgano consultivo.

En contraste con la pérdida de capacidad de decisión de las familias de los alumnos, el Claustro de Profesores conserva su rol de órgano de gobierno (artículo 128). Adicionalmente, los docentes de los centros educativos incrementan su influencia en la elección de Director (artículo 135).

Respecto de los recursos de que dispondrán los docentes para desempeñar su función nos encontramos con sensaciones contrapuestas. Por un lado, se recalca el rol de las evaluaciones externas como herramientas para la mejora y el apoyo de los centros con peores resultados (artículos  21) pero por otro también se habla continuamente de criterios de eficiencia económica y de premiar la excelencia mediante acciones de calidad educativa destinadas a los centros que obtengan mejores resultados (artículo 122.bis). Aunque ambos principios no son necesariamente excluyentes parece que la prioridad del nuevo sistema educativo que se perfile será la rendición de cuentas y el fomento de la excelencia.

Si nos fijamos en los contenidos curriculares, los docentes deberán hacer frente a diferentes modificaciones como: trabajar específicamente el espíritu emprendedor en primaria (a la espera de que salgan directrices sobre cómo implantar este principio, artículo 17), la modificación de materias como “Conocimiento del medio” (cuyo nuevo enfoque no está del todo claro, artículo 18), nuevas pautas a la hora de impartir lenguas extranjeras que ahora se enfocan más hacia las competencias orales y a un uso residual del castellano u otras lengua cooficiales (artículo 19), la redefinición del último curso de ESO que ahora pasa a ser propedéutico (artículo 23.bis) hacia el bachillerato o la formación profesional (artículos 24 y 25), nuevas materias asociadas al emprendimiento en ESO y la educación para adultos (artículos 24-25 y 66).

Adicionalmente, se introducen otras reformas que afectan a la repetición de curso en primaria (artículo 20), los programas de diversificación curricular (ahora denominados Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento y que ahora se podrán implantar ya en 2º de ESO, artículo 27) o las acreditaciones (ahora se entregará un certificado en 3º de ESO y existirán evaluaciones finales en 4º de ESO y 2º de Bachillerato cuya superación será indispensable para la obtención del título artículos 29 y 36.bis).

Al respecto de la formación permanente del profesorado (nunca suficientemente atendida) se abre una posibilidad de mejora de la situación actual ante la elaboración de “un marco común de referencia de competencia digital docente que oriente la formación permanente del profesorado y facilite el desarrollo de una cultura digital en el aula” (artículo 111.bis) lo cual sugiere no sólo que se impulsarán las competencias digitales en el aula sino que se empleará el entorno digital para vertebrar la formación permanente del profesorado. Sin embargo, como con todo, el alcance de esta medida dependerá de los medios y voluntades reales que finalmente se ponga a su disposición.

Finalmente, el periodo de adaptación de la comunidad docente al nuevo marco legislativo será de dos cursos dado que la entrada en vigor será gradual (un primer curso los años impares y un segundo los pares).

Resumiendo lo expuesto con anterioridad, se puede afirmar que nos encontramos con una ley educativa que hace una apuesta por la calidad claramente diferenciada a la que parecía marcar la LOE incidiendo más en principios como la excelencia, la competitividad entre centros o la rendición de cuentas que presumiblemente se traducirán en menor autonomía docente, mayor presión social sobre la comunidad educativa y menor nivel de participación democrática en el gobierno de los centros.

Fuente:

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/lomce/20130517-aprobacion-proyecto-de-ley.pdf